La aprobación de la PnL ha sido posible gracias al trabajo conjunto de las tres Asociaciones con el grupo parlamentario del Partido Popular, que entendió las demandas del sector y ha liderado la redacción y presentación de esta iniciativa
Al conocer el resultado de la votación de ayer, ACAVE, FETAVE y UNAV remitieron al ministro Grande Marlaska una carta donde solicitan formalmente que “que con carácter urgente se acuerde una nueva prórroga del período de adaptación del Real Decreto 933/2021” más allá de la fecha límite de la actual, que terminará el próximo 2 de diciembre. Asimismo, en el escrito, piden iniciar el nuevo proceso de diálogo al que insta el pleno del Congreso de los Diputados, con el fin de desarrollar una Orden Ministerial que limite los sujetos obligados, especialmente las agencias de viajes.
La Proposición no de Ley aprobada ayer en el Congreso de los Diputados se produce tras la carta abierta al sector publicada el pasado 8 de octubre por ACAVE, FETAVE y UNAV en la que reiteraban el rechazo total al Real Decreto y exponían la situación real entorno al mismo y tras la reunión que las 3 Asociaciones tuvieron el pasado 17 de octubre con miembros del Grupo Popular (GP), encabezado por la diputada Mirian Guardiola, portavoz de la Comisión de Industria y Turismo.
Las 3 Asociaciones consideran que la aprobación de la PnL es un paso importante para la consecución del objetivo principal del sector: la exclusión de las agencias de viajes de la aplicación del RD. Asimismo, agradecen el apoyo del pleno del Congreso a la PnL presentada por el Grupo Popular y esperan que ahora el Gobierno español atienda la proposición aprobada por la mayoría parlamentaria, que le insta a revisar el Real Decreto de manera consensuada con el sector y a aplazar su aplicación hasta que no se apruebe una Orden Ministerial de desarrollo del mismo, dando así respuesta a gran parte de las solicitudes del sector.
Asimismo, mientras la normativa no se modifique, ACAVE, FETAVE y UNAV continuarán llevando a cabo una campaña para movilizar a la opinión pública el impacto del 933. Para las Asociaciones es clave concienciar a la opinión pública y a los viajeros respecto a la gravedad de esta normativa, ya que resultarán los grandes perjudicados de la puesta en marcha de la disposición, pues habrán de confiar más de 50 datos personales para reservas de alojamiento y más de 60 para las de alquiler de vehículos.
Puntos clave de la Proposición no de Ley:
De acuerdo con lo aprobado de dicha proposición no de ley, se insta al Gobierno español a:
“— Prolongar la suspensión de la aplicación del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, hasta tanto en cuanto se aborde una revisión y readecuación en profundidad y proporcionada de esta normativa en compañía de los subsectores turísticos más afectados por la misma, considerando su falta de viabilidad y potenciales efectos negativos para la capacidad organizativa y la realidad operativa de nuestras empresas turísticas, así como los notables perjuicios que se ocasionarían a los intereses turísticos españoles en el caso de producirse la entrada en vigor prevista a partir del próximo 2 de diciembre.
— Elaborar el desarrollo normativo mencionado en el punto uno considerando los acuerdos ya adoptados durante el procedimiento de implantación (desde 2021 a la actualidad) con los sujetos obligados. En este sentido especial mención a la exclusión de los viajes corporativos, el turismo de eventos (MICE) y los grupos, para los cuales el cumplimiento resulta inviable según lo expresado reiteradamente por las organizaciones más representativas del sector.
— Revisar las obligaciones de recolección de datos financieros exigidos por el Real Decreto para asegurar su compatibilidad con las normativas de protección de datos europeas, como la Directiva PSD2 y el Reglamento (UE) 2018/389, que limitan el acceso a datos encriptados y protegen la privacidad del cliente.
— Apoyar en todo caso las reivindicaciones que viene planteando de manera unánime desde 2021 el sector turístico español en su conjunto, —habiéndose obtenido igualmente el respaldo de las asociaciones turísticas de la Unión Europea—, acerca de los efectos perniciosos del alcance y contenido del Real Decreto 933/2021 para el funcionamiento de la actividad turística, contemplada la insensibilidad sistemática del Gobierno de coalición para con el primer sector productivo de la economía española.
— Abrir un nuevo proceso de diálogo con los actores del sector turístico, incluyendo a asociaciones como CEHAT, CEAV, ACAVE, FETAVE, UNAV o FENEVAL, para consensuar el desarrollo normativo mediante orden ministerial señalado y conseguir una mayor eficacia en su entrada en vigor mediante su adaptación a las realidades operativas del sector. Proceso durante el cual, y, hasta no alcanzar el consenso, el régimen sancionador no debería tener efecto. — Desplegar e implementar dentro de la acción del Gobierno como principio rector medidas favorables a la mejora de la capacidad competitiva de la marca España y que no se traduzcan finalmente en una pérdida de competitividad ni lastre para la cadena de valor turística española dentro del mercado turístico mundial”.
