No estaría mal lo que describe el título de este artículo si no fuera porque entrarían en riesgo los algo más de 70.000 puestos de trabajo que dependen directamente de la industria hotelera en Canarias. Volvemos a ver lo difícil que está el mercado de la vivienda en el Archipiélago y, aunque la noticia no es nueva, la situación se agrava con la actual inflación. A pesar de que en el sector alojativo nuestras plantillas se sitúan en niveles salariales similares a los del resto del país, todos sabemos que las Islas siguen siendo la comunidad con los salarios más bajos de España. Esto se une a que lideramos el incremento en los precios de los alquileres, combinación explosiva perfecta para la escasa oferta de alojamiento residencial.
Son varios los factores que conducen a esta situación para miles de personas en Canarias –mayoritariamente jóvenes–, que ven truncadas sus posibilidades de emprender un proyecto de vida independiente.
Primer factor: falta de vivienda pública en Canarias. Si no hay suelo, no hay vivienda, pero es que si no hay planes generales urbanísticos, no hay suelo, y si no hay políticos diligentes, no hay planes generales. Y seguimos bailando, esperando más de una década por un plan general y, cuando lo tenemos, ya no obedece a las necesidades que había cuando se redactó.
Segundo factor: los fondos buitre, especialmente los que actuaron durante la crisis financiera de 2008 a 2014, que compraron grandes bolsas de vivienda ejecutadas de los bancos, retirando una oferta del mercado para especular con ella. Frente a esto, las administraciones pueden actuar, como han hecho algunos ayuntamientos al subir el IBI a los tenedores de vivienda vacía. Solo saber que 2 de cada 10 viviendas en Canarias están vacías da que pensar.
Tercer factor: el fenómeno de la vivienda vacacional, ligado directamente a la falta de vivienda en zonas turísticas. Sucede que el propietario de un inmueble puede obtener en una semana la renta que lograba antes alquilándola un mes a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En estos momentos, la seguridad que otorga la ley a un propietario de vivienda en alquiler permanente no reúne las condiciones más atractivas para poner esa vivienda en el mercado de alquiler residencial. ¿Quién no conoce a alguien que pague hoy la hipoteca de una inversión más el coste de los suministros mientras sus inquilinos, por el motivo que sea, no pagan la cuota correspondiente y su dueño se las ve y se las desea para recuperar su propiedad? La confluencia de los puntos anteriores tiene una clara afectación al empleo en zonas turísticas, ya que las personas trabajadoras deben dedicar, como mínimo, dos terceras partes de su sueldo a vivienda. ¡Insostenible!
Y no seré yo quien cuestione el derecho de una persona a disponer de su propiedad como mejor estime bajo el marco de la ley, pero si el mercado no se autorregula, como parece suceder, deben ser las administraciones las que pongan las medidas necesarias para paliar el problema. ¿Pero por qué sucede esto? Comentaré algunas claves.
Una. La vivienda vacacional tiene un uso secundario y ha sido inicialmente concebida, no como un negocio turístico, sino como residencial. La vigente regulación canaria hace que prácticamente cualquier vivienda sea susceptible de destinarse a alquiler vacacional, especialmente en zonas turísticas. Frente a esto cabe recordar que el suelo destinado a alojamiento turístico –hoteles y apartamentos– está programado y planificado para dicho uso exclusivamente, de ahí que su precio sea también superior al del residencial y esté sujeto a un sinfín de normas de obligado cumplimiento.
Dos. No existen mayores impedimentos para que a través de la ordenación urbanística municipal se puedan regular zonas destinadas a vivienda vacacional atendiendo, por ejemplo, a indicadores de demanda social de vivienda. Pero la inoperancia y cobardía municipal, en muchos casos, lo hace imposible.
Tres. Y lo que nos faltaba es asistir impotentes a la explotación turística ilegal. Los propietarios se saltan el principio de unidad de explotación con viviendas que forman parte de un complejo turístico, algo que no permite la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias (1995), que determina el sometimiento a un único explotador turístico, quien debe poseer la mayoría, cuando no el 100% de las unidades del complejo. Sin embargo, llevamos años asistiendo a un vergonzoso incremento de unidades que salen de la explotación turística, no para un uso privativo, que la ley permite a su legítimo propietario, sino para una explotación turística individual o colectiva no permitida. Esto se hace, además, con el agravante de declaraciones responsables falsas realizadas por dichos propietarios sin que, al parecer, recaiga sobre ellos el peso de la ley por mentir y falsear una información a la administración pública.
De nuevo parece que la Administración no actúa o lo hace de forma insuficiente para atajar un problema que, si bien es difícil de eliminar, al menos no lo es de acotar, sancionando duramente a quién miente en una declaración responsable.
Y por si alguien saca conclusiones erróneas de este artículo, seré telegráfico: sí a la vivienda vacacional, donde cumpla la misma normativa que el resto del sector y donde su existencia no signifique la destrucción de empleo y la pérdida de identidad de nuestros pueblos y ciudades.
