Los hoteleros solicitan la bajada de la potencia eléctrica y el caudal de gas ante el nuevo cierre de establecimientos

En la imagen, en Benidorm cierran 9 de cada 10 hoteles por la limitación de la movilidad.

Los sistemas de climatización de un hotel, junto con la iluminación son dos de las grandes áreas de consumo eléctrico en un establecimiento hotelero. Para garantizar el confort de los clientes se deben tener contratadas potencias que permitan los suministros ininterrumpidos para una explotación a pleno rendimiento. Mantener estas potencias contratadas y pagar por ellas mientras que los hoteles están cerrados por una pandemia mundial ajena a su voluntad es la disfunción que el sector trata de corregir con esta petición, explica HOSBEC, la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana.

  • En el ámbito de la Comunidad Valenciana, el coste que va a asumir el sector hotelero por estos peajes eléctricos está en unos 10 millones de euros, mientras no se generan ingresos.
  • CEHAT e ITH demandan que se reanuden este tipo de medidas para pymes, que se implementaron durante la primera declaración del estado de alarma y fueron prorrogadas sólo hasta septiembre.
  • Esto supondría un ahorro de sobrecoste energético de entre 2.000 y 3.000 euros mensuales a cada establecimiento.

Ante el anuncio del nuevo estado de alarma y el consiguiente cierre de establecimientos en el sector alojativo, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) piden al Gobierno que reactive las medidas que destinó a pymes -vigentes hasta septiembre-, como la bajada de potencia eléctrica y de caudal de gas sin penalización.

Tras la declaración en marzo de 2020 del primer estado de alarma, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico adoptó una serie de disposiciones -recogidas en el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo- y determinó destinar medidas para pymes relacionadas con el abono de servicios básicos como la electricidad y el gas durante el estado de alarma y los tres meses posteriores. Entre ellas, se contemplaba la suspensión de pago de las facturas tanto de gas como de electricidad a pequeñas y medianas empresas y las modificaciones sin penalización de potencias en electricidad y de caudal en gas.

Estas medidas ayudaron a aliviar en cierta medida la situación del sector alojativo puesto que, con la llegada de la pandemia, muchos establecimientos se vieron abocados al cierre y a una solicitud del cambio de potencia energética. En el caso de la electricidad, la normativa general permite tan sólo un cambio al año. Así, con la llegada de la desescalada y la reapertura de algunos establecimientos hoteleros, los alojamientos que abrieron pudieron solicitar de nuevo un cambio de potencia gracias a las medidas contempladas por el Ejecutivo. Estas disposiciones dejaron de estar en vigor en septiembre de este año.

Sin embargo, con la declaración del nuevo estado de alarma -que podría durar hasta mayo de 2021-, muchos establecimientos se están viendo en la obligación de volver a cerrar y, con la actual normativa, no pueden solicitar un nuevo cambio de potencia energética. Por ello, CEHAT e ITH demandan que se mantengan o prorroguen las dos medidas especiales aprobadas durante el anterior estado de alarma o que se consideren otras similares y que el marco legislativo aporte medidas concretas para que cada establecimiento pueda implementar soluciones particulares de forma flexible. Esto permitiría proteger la viabilidad de las empresas y la competitividad del sector también desde el punto de vista energético.

“Ante un escenario cambiante, necesitamos medidas flexibles -apunta Jorge Marichal, presidente de CEHAT-. La situación se complica por momentos para el sector alojativo español. No se vislumbra solución a corto plazo y muchos alojamientos siguen cerrados o están a punto de cerrar sus puertas ante la falta de clientes. Necesitamos soluciones concretas que permitan la supervivencia del sector hasta que se garantice la reactivación de la actividad turística y la consiguiente reapertura de los establecimientos hoteleros”.

Estas disposiciones son fundamentales para paliar el fuerte impacto económico que está originando la pandemia en el sector, que se estima en unos 50.000 € por hotel al mes de los que el sobrecoste energético supone entre 2.000 y 3.000 € mensuales por alojamiento, señalan los hoteleros. Álvaro Carrillo de Albornoz, director general del ITH, apunta que “este tipo de medidas para pymes son esenciales para poder adaptar las necesidades de los establecimientos alojativos a las nuevas medidas tomadas desde el Gobierno para combatir la pandemia. En este sentido, en ITH contamos con socios como Exclusivas Energéticas que ofrece servicios y soluciones personalizadas para la optimización del consumo y gasto energético”.

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