CEAV rompe con Vueling por posicionarse como proveedor hostil a las agencias de viajes

  • En una reunión celebrada este martes, la compañía aérea transmitió a CEAV la negativa a replantearse la medida de aplicar un incremento en el importe de todas las tarifas distribuidas a través de su web de agencias y de los canales NDC/API.

CEAV mantuvo este martes, 21 de febrero, una reunión con carácter de urgencia con Charlotte Dumesnil, Director of Sales, Distribution and Alliance de Vueling, con el objetivo de lograr un posible replanteamiento de la decisión anunciada por la compañía de que, a partir de ayer 21 de febrero de 2023, se aplicará un incremento en el importe de todas las tarifas distribuidas a través de su web de agencias y de los canales NDC/API.

Durante el encuentro, Vueling transmitió a CEAV la negativa a replantearse esta medida o aplazarla para poder ver posibles soluciones, por lo que el sector considera esta decisión como un ataque frontal y total a su principal canal de comercialización y a sus clientes. Por ello, CEAV va a proponer en su próximo Consejo Directivo, que tendrá lugar el día 1 de marzo, la ruptura de las relaciones institucionales con Vueling, ya que considera que se ha posicionado como un proveedor hostil hacia las agencias.

Asimismo, se propondrá la contratación de un despacho de abogados que estudie las posibles acciones legales que se puedan iniciar, muy especialmente ante la Comisión Nacional de la Competencia, para que este tribunal decida si la medida es conforme a derecho, especialmente en aquellas rutas (como Ibiza o Menorca, entre otras), en las que la compañía tiene posición de dominio, al dejar en condiciones inferiores a los usuarios provenientes de agencias de viajes en todos sus canales de ventas, más aún después del esfuerzo realizado por las agencias de viajes para implementar los desarrollos tecnológicos necesarios para el NDC.

Posteriormente, esta decisión se elevará al Fondo para la Defensa y Representatividad de las Agencias de Viajes que CEAV creó a finales del 2020, cuyo fin principal es disponer de una mejor defensa jurídica de los intereses colectivos del sector al disponer de unos recursos mayores con los que hacer frente a los costes que suponen tales actuaciones.

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