- El sector aéreo advierte de que el decreto de la nueva normalidad del Gobierno supondrá una subida de tarifas aeroportuarias, cuando lo que se requiere es su reducción para estimular la demanda y favorecer la recuperación
La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que aglutina cerca de 80 aerolíneas que operan en España, incluyendo 9 de las 10 de más tráfico, ha pedido hoy al Gobierno que asuma la totalidad de los costes derivados de los controles sanitarios en el entorno aeroportuario y de las medidas de seguridad e higiene que implemente AENA en los aeropuertos frente al COVID-19.
Tras la aprobación del nuevo decreto que establece las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID19, desde ALA se alerta de que esta nueva regulación podría suponer una subida de las tarifas aeroportuarias a las compañías a futuro, lo que desde el sector consideran un perjuicio y un freno a su necesaria recuperación
La Asociación se refiere así al denominado decreto de nueva normalidad, aprobado ayer por el Consejo de Ministros (Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19), que establece que los costes en los que incurra AENA por los conceptos anteriormente citados que no se cubran vía subvenciones u otro tipo de ayudas económicas que pueda percibir el gestor aeroportuario, se recuperarán a través de tarifas aeroportuarias, traspasándose por tanto a las compañías aéreas.
Para sorpresa del sector aéreo, lejos de estímulos al tráfico aéreo, el Gobierno traslada costes de AENA por controles sanitarios a las compañías aéreas, abriendo la puerta a un posible aumento de tarifas aeroportuarias en el período regulatorio 2022-2026, en el caso de que ese ‘sobrecoste’ derivado de las medidas de seguridad sanitaria no se cubriese en 2021.
“En un momento en el que no sabemos cómo va a responder la demanda una vez se reactive el tráfico aéreo, y en el que la recuperación es del todo incierta, el Gobierno pone piedras en el camino de la recuperación del sector aéreo y del turismo en España, traspasando costes mediante posibles subidas de tarifas aeroportuarias cuando es más necesario que nunca que se bonifiquen estas tarifas para estimular la demanda”, afirma Javier Gándara, presidente de ALA.
En concreto, el decreto establece que los costes de AENA que no asuma el Gobierno por los conceptos mencionados se recuperarán en el marco del DORA actualmente vigente (2017-2021) y, de no quedar cubiertos, en cualquiera de los siguientes DORA, en cuyo caso, según el mismo decreto, no se aplicarían los apartados del marco regulatorio en vigor que establecen que el incremento máximo de tarifas hasta 2025 es 0%, así como la imposibilidad de pasar déficit de un DORA a otro, entre otras cuestiones.
El sector aéreo, el más perjudicado por las medidas
Con la aprobación de las distintas medidas se ha puesto de manifiesto la diferencia de trato que está recibiendo el sector aéreo con respecto a otros modos de transporte, como el marítimo, en cuyo caso el Ejecutivo ha aprobado una reducción de tasas portuarias y está estudiando extender dicha reducción hasta el 31 de octubre de este año. O en el caso del tren, dado que el Ministerio de Transportes está valorando modificar los cánones que paga Renfe a Adif para que sean abonados en función de las plazas realmente ofertadas, y no las que tiene el tren, para así compensar sus pérdidas.
“El Ejecutivo debe mostrarse igualmente sensible hacia el transporte aéreo y el turismo, para el cual es fundamental, pues más del 80% del turismo internacional llega por vía aérea, con medidas que contribuyan a su recuperación, máxime teniendo en cuenta que es el sector que está sufriendo con más intensidad esta crisis del COVID-19”, ha señalado Javier Gándara.
El presidente de ALA ha recordado que, según cifras de IATA, están en riesgo 900.000 empleos, y se ha cifrado en 14.300 millones la caída de ingresos del sector en España como consecuencia de la pérdida de casi 114 millones de pasajeros, un 41,4% menos que hace un año. Se calcula una pérdida del 4,4% del PIB español por la inactividad del sector aéreo, lo que puede suponer hasta 55.000 millones de euros, también según datos de IATA.
