Mientras nuestros competidores abren sus fronteras al mercado británico, España les sigue poniendo trabas a los menores de 18 años y, por tanto, al turismo familiar.
En marzo de 2022 se cumplirán dos años desde que el virus de la COVID-19 llegó a nuestras vidas para trastocarlas de forma muy importante y generar todo el sufrimiento que ha generado en forma de fallecidos, dramas personales y familiares y un sinfín de efectos por todos conocidos.
Nadie, ni el mejor de los gobiernos, podía imaginar en aquellos momentos iniciales el alcance que esta enfermedad produciría a nivel sanitario, social y económico en nuestro país. Estamos seguros de que no existe un manual de buenas prácticas sobre cómo dirigir un país en tiempos de pandemia y hasta podemos entender que, en los momentos iniciales de esta situación, pudiera reinar cierta improvisación y se aplicara el método de prueba-error.
Pero, a punto de cumplir dos años de pandemia, ya no hay más espacio para la improvisación ni para seguir tomando medidas que van contra el sentido común ni contra la economía. Y si no somos capaces como país de inventar soluciones imaginativas, por lo menos emulemos a aquellos que sí lo hacen, es decir copiémoslas mejorándolas o adaptándolas a nuestra realidad.
No podemos entender ni aceptar que sigamos restringiendo la movilidad de personas hacia España cuando hay países de nuestro entorno -sí de nuestro entorno dentro de la Unión Europea, señora ministra de Sanidad- que ya han declarado el fin de la pandemia (el caso de Dinamarca) o que permiten el acceso de ciudadanos de terceros países (caso del Reino Unido) con una prueba diagnóstica negativa como está haciendo Grecia, tan europea como España.
Cuando empezó la sexta ola con la variante Ómicron a finales de noviembre, aceptamos, pero no entendimos, el hecho de que para nuestro país fuera más peligroso un menor británico con una dosis de vacuna que un menor austriaco, por ejemplo, con un test de antígenos. La sexta ola va pasando, pero seguimos insistiendo en medidas que, lejos de ayudar, impiden la movilidad de las personas y, con ello, la recuperación del turismo en nuestro país. Las normas deben ser flexibles y adaptarse a las situaciones que son cambiantes.
Nuestro país es una potencia mundial del turismo, ocupando año tras año el segundo o tercer puesto del ranking internacional por recepción de turistas. Su aportación al PIB es del 12% y representa un 14% del empleo total, aunque eso le moleste a algún ministro. En comunidades como Baleares, Andalucía o Canarias, estas cifras se multiplican por dos y por tres. Si no hay turistas, no hay turismo, así de fácil y de sencillo. Y el problema no parece estar en sus países de origen, sino en el nuestro, ya que seguimos adoptando medidas que dificultan, cuando no imposibilitan, la llegada de turistas.
El pasado 13 de enero, el propio presidente del Gobierno de España dijo que teníamos que empezar a tratar esta pandemia como una enfermedad endémica. Sin embargo, esta declaración no ha ido acompañada de medidas que permitan recuperar una actividad económica vital para miles de empresas y de la que dependen miles de familias en España.
Nos hablaron de inmunización de rebaño cuando alcanzáramos el 70% de vacunación; luego, el 80%; y al final descubrimos que sí somos un rebaño o, al menos, nos tratan como tal, pero parece que no es suficiente inmunización.
Los empresarios y trabajadores de los hoteles de España queremos trabajar, no queremos más restricciones que no obedezcan a medidas estrictamente sanitarias y al sentido común. Queremos abrir nuestras empresas de alojamiento turístico y hacer lo que mejor sabemos hacer, que es ofrecer experiencias turísticas seguras a millones de ciudadanos europeos que año tras año eligen nuestros destinos porque saben lo bien que lo sabemos hacer.
Si perdemos a mercados tan importantes como el británico porque deciden, para Semana Santa de este año y para el verano, dirigirse a otros destinos más racionales en cuanto a medidas sanitarias, nos costará un esfuerzo inconmensurable volverlos a recuperar, si es que lo hacemos. Si bien al principio de pandemia las restricciones del Reino Unido sorprendían por su gravedad, no es menos cierto que ahora las han rebajado conforme la situación se normaliza. Pero somos ahora nosotros los que se están extremando.
Se ha demostrado que la variante ómicron no impide que los vacunados se contagien y puedan contagiar, por lo cual ha quedado obsoleto el hecho de exigir certificados distintos a ciudadanos de diferentes países.
Estamos a tiempo de volver a la racionalidad de medidas de control sanitario acordes a la situación que vivimos tras dos años de pandemia. Estamos a tiempo de poner sentidiño y sensibilidad en este sector que tanto aporta a la felicidad dentro y fuera de nuestras fronteras. Dejemos pues que sean las medidas sanitarias y el sentido común los que marquen el paso hacia la normalidad y no las decisiones estrictamente políticas que tanto daño pueden hacer a nuestra economía.
