Excmos. Sres. D. Fernando Grande-Marlaska Gómez y D. Jordi Hereu Boher.
El fin del periodo transitorio para la aplicación de lo dispuesto en el RD933/2021 enfrenta al sector de las agencias de viajes a una situación nunca antes vivida. Una realidad que se hace difícil entender y que nos es impuesta sin haber contado con nuestra opinión y sin haber existido el mínimo interés para conocer nuestras operativas. Ha quedado demostrado, por parte del gobierno del que forman parte, un flagrante desconocimiento y un manifiesto desinterés por paliarlo.
Son ustedes conocedores de estar hablando de un sector que actúa transversalmente en una industria que se ha convertido en auténtico motor para la economía y el empleo en nuestro país. Y saben también que el turismo es altamente sensible. Quedó así de manifiesto durante la pandemia, con paralización total durante mucho tiempo y con una lenta recuperación, lo que llevó a España a ser el país de su entorno con mayor caída del PIB, dada la importante exposición de nuestra economía a dicha actividad, de manera tanto directa como indirecta. También lo hemos visto en catástrofes ligadas a la naturaleza que afectan gravemente a los destinos.
Dichos ejemplos no dependen directamente de la acción de la sociedad y de sus gobiernos, si bien todos estamos obligados a contrarrestar sus efectos de la mejor manera posible, poniendo lo mejor de cada uno de nosotros en la evitación o en la resolución de sus consecuencias.
Sin embargo, sí es de nuestra responsabilidad y acción tomar medidas adecuadas que no impidan el correcto fluir de la actividad turística. Y es lo que nos tememos va a ocurrir con la entrada en vigor del mencionado Real Decreto. Una norma que “tiene como objeto principal la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana”, si bien no sabemos de ninguna circunstancia especial que en este momento ponga en peligro dichas cuestiones. Como tampoco conocemos a ningún país de nuestro entorno que haya dispuesto nada parecido. Una norma desproporcionada que colisiona frontalmente con otras de rango español y europeo, así como con recomendaciones de distintos organismos, pudiendo llegar a poner en peligro la propia seguridad que se pretende ante una ciberdelincuencia que, tristemente, avanza a pasos agigantados.
Por supuesto que las agencias de viajes y operadores turísticos, así como toda la industria, estamos a favor de la seguridad y siempre a disposición de colaborar activamente con nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizarla y preservarla. Todo ello dentro de la lógica que debe regir en un estado democrático como el nuestro y con las garantías que ello nos obliga, en cuanto a libertades se refiere. Y haciéndose desde el diálogo y con la participación de las partes implicadas, cosa que no se ha hecho, por más que se diga lo contrario y por más también que se indique así en el texto del propio Real Decreto.
Han sido muchos los argumentos que llevamos esgrimiendo en los últimos años para tratar de conseguir la exoneración de las agencias de viajes y operadores turísticos del cumplimiento del RD933/2021, entre otros:
- Nuestro sector no ha estado nunca obligado a facilitar estos datos (tampoco en ningún otro país). El artículo 25 de la Ley Orgánica 4/2015 de la que emana dicho Real Decreto no menciona ni a las agencias de viajes ni a los operadores turísticos como posibles sujetos obligados a la comunicación y registro de datos en favor de la seguridad ciudadana.
- Los prestadores finales de los servicios, empresas de hospedaje y de alquiler de vehículos, son sujetos obligados por el RD933/2021 y los mismos disponen de todos los datos relativos a una reserva, desde que la misma se formaliza, bien de manera directa o bien por medio de la intermediación. Por ello en nada la exclusión de las agencias de viajes y operadores turísticos del ámbito de aplicación perjudicaría al fin pretendido por el Ministerio de Interior de mejorar la seguridad. Yendo a más, con su exclusión se evitaría que se produjera una duplicación innecesaria de comunicación de datos, con la consiguiente saturación de información (muchas veces no contrastada) a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Se podría producir por tanto el efecto contrario al deseado, que consiste en garantizar y reforzar la seguridad pública.
A ello podemos (y debemos) añadir el grave perjuicio que la obligación va a suponer para un sector, el de las agencias de viajes y operadores turísticos, compuesto en su mayoría por pymes y micropymes, muchas de ellas sin capacidad de adaptación tecnológica y que tampoco pueden asumir el alto coste operativo y administrativo que tendría el cumplimiento de la norma.
Saben también que las cámaras de representación democrática y popular de España, el Congreso y el Senado, han aprobado mayoritariamente propuestas que van en la dirección de lo expuesto en esta misiva, sin que ello, hasta el momento, haya servido para hacerles reflexionar y determinar un cambio de estrategia que satisfaga de manera razonable a los sectores afectados, los cuales, en su amplia totalidad, se oponen a la medida y a la forma que están teniendo de imponerla.
Nuestro mensaje es claro; el no eximir a las agencias de viajes y operadores turísticos pone en riesgo la actividad turística, en particular la de ámbito internacional, siendo conocedores, que son ya, varios tour-operadores especialmente europeos, que están centrando su atención en destinos competidores de España ante el rechazo que en sus respectivos países está teniendo esta cuestión, considerando que la misma atenta de manera directa y flagrante contra la intimidad y seguridad de los propios turistas. Los medios de comunicación de varios países se han hecho eco con profusión de este asunto, con el consiguiente perjuicio y descrédito que ello conlleva para nuestra imagen como destino y para la competitividad en materia de turismo. Hablamos, por tanto, de un asunto de máxima relevancia que pone en peligro la favorable evolución que la industria turística está teniendo, con la afectación que ello pudiera suponer para el global de la economía española.
De todo esto, a través de una carta en términos parecidos a esta, hemos puesto también en conocimiento al presidente del Ejecutivo, Sr. Sánchez Pérez-Castejón, si haber obtenido respuesta.
Por todo ello, les conminamos a una reflexión que derive en la apertura de un diálogo real, leal, sincero y efectivo que permita poner freno a un hecho que puede derivar en un gravísimo perjuicio de ámbito nacional, más allá del que ya está suponiendo para las agencias de viajes españolas.
Atte.
Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Agencias de Viajes
