Las patronales turísticas de Canarias −Ashotel, FEHT, FTL y Asofuer− manifiestan su rechazo a la actual propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias relativa al Arbitrio a la Importación y Entradas de Mercancías (AIEM), porque supone no solo un encarecimiento de los productos que deben ofrecer a sus clientes, de los que tienen una enorme dependencia, sino una artificiosa protección de la producción local.
En estos momentos, el Gobierno de Canarias está trabajando en una propuesta de nuevo AIEM para su traslado al Gobierno español y a la Comisión Europea antes de que expire el plazo vencimiento de dicho tributo, que se producirá el 31 de diciembre de 2020. Las patronales critican que siempre se ha tratado de dar la imagen de que existe un absoluto consenso social con la aplicación de dicho tributo, algo que no es cierto, ya que estas se han venido oponiendo sistemáticamente a su subsistencia, pues lo consideran una figura tributaria discriminatoria, distorsionadora de la libre competencia, rupturista con la unidad de mercado en España y en la UE, además de que es regresiva socialmente, a la vista de los tiempos que corren en Canarias.
FEHT, Ashotel, FTL y Asofuer apoyan obviamente el consumo del producto local en los establecimientos hoteleros; de hecho, forman parte del proyecto Crecer Juntos, junto al Gobierno de Canarias, para potenciar el consumo de productos locales en las instalaciones hoteleras, pero eso no quita para defender también la necesidad de entrada de otros productos, puesto que el autoconsumo en Canarias no existe.
Por ello, las patronales se muestran sorprendidas por el hecho de que en estos difíciles momentos por los que atraviesa nuestra economía, con la actual situación de cierre generalizado de nuestro tejido empresarial por la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, se hayan hecho determinadas propuestas ante el Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Hacienda, que suponen una ampliación del listado de productos protegidos por el AIEM, gravando las importaciones, cuando no, un incremento de los tipos impositivos, lo que resulta un absoluto contrasentido.
En un escenario actual del todo impredecible, y no solo en este momento en que las empresas están sin actividad por decreto del Gobierno del Estado, sino una vez que puedan reabrir, aun teniendo tal posibilidad, el encarecimiento de los insumos imprescindibles para el sector hotelero y hostelero, supondrá una grave servidumbre en tiempos en los que se necesitará el mayor apoyo de las administraciones públicas para que el sector pueda recobrar la normalidad y, con él, el resto de sectores dependientes del turismo.
En tal sentido, las patronales consideran que es una visión cortoplacista proteger a unas industrias en detrimento del motor de la economía de Canarias, una propuesta que revertirá negativamente en las empresas que engrosan el motor económico de las Islas.
Pérdida de competitividad
Ashotel, FEHT, Asolan y Asofuer insisten en que los efectos del AIEM y la pérdida de competitividad se extiende por todo el territorio, afecta a todas las Islas, ya que el denominador común en todas ellas es la falta de materia prima y escasez de producción local.
Con independencia de ello, resulta difícilmente explicable que el Gobierno de Canarias apoye una medida tan antisocial como la que se incluye en la propuesta, pues de materializarse normativamente afectará de forma muy negativa a la economía de las familias de canarias, maltrecha de forma evidente a causa de la crisis sanitaria que nos afecta. Como ejemplos, se produciría un encarecimiento de la cesta de la compra, como así se certifica con el previsible incremento de tipos e inclusión de nuevos productos en el régimen protector del arbitrio. Así el gravamen pasaría del 5% al 10% en productos como huevos frescos, embutidos, chocolates y helados; se aplicaría un nuevo gravamen del 5% a quesos y confituras; y se introduciría con el 15% las mayonesas.
En definitiva, las patronales turísticas entienden que el mecanismo del AIEM beneficia a los productores ya establecidos en Canarias, con independencia de que sean más o menos eficientes, y de que mejoren o no su competitividad en el mercado canario. Al mismo tiempo, se dificulta la entrada de nuevas empresas en el mercado de las Islas, ya que tienen que hacer frente a un coste fiscal relevante si quieren introducir sus productos en el Archipiélago, por lo que entendemos que se está falseando el libre mercado y se impide entrar a nuevos competidores.
