El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha mantenido esta mañana una reunión con la presidenta, el vicepresidente y el secretario general de la Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas de la C.V. (ANDEMAR CV), Encarna Gaspar, Luís Carrasco y Miguel Ángel González Barona ; la presidenta de la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de la C.V. (ANESAR CV), Miriam Mayordomo; el secretario general de la Asociación de Casinos, Enrique Mateu, y el secretario general de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV), Rafael Ferrando.
La CEV comparte la preocupación del sector del juego y la hostelería ante determinadas enmiendas propuestas por los grupos políticos — PSPV, Compromís y Unides PODEM— a la nueva ley del juego. Tal y como aseguran las empresarias y empresarios del sector, mayoritariamente pymes, de aprobarse las enmiendas propuestas, ningún establecimiento de juego, ni ningún local de hostelería con máquinas recreativas, podría renovar su autorización administrativa tras su vencimiento, dado que sería imposible cumplir la norma que obliga a mantener una distancia de 850 metros con respecto a centros educativos, sanitarios y deportivos.
El impacto económico de otras enmiendas propuestas, como el mando de activación y el sistema de identificación en las máquinas instaladas en hostelería, supondría, según los estudios previos, un descenso de los ingresos de entre un 30% y un 65%, respectivamente, lo que haría inviable la actividad empresarial.
La nueva ley dañará gravemente una industria —la del juego— que en la Comunitat Valenciana mantiene más de 7.000 empleos directos y 30.000 indirectos en hostelería, y que contribuye a las arcas públicas con 144 millones de tributación directa y otros 130 millones en impuestos indirectos, que la Administración dejaría de recaudar.
En ese sentido, la CEV se suma a la petición de ANDEMAR CV, ANESAR CV, la Asociación de Casinos y FEHV para que no se produzca el cambio normativo sin al menos un diálogo previo, que permita a los sectores afectados trasladar a la Administración cuál es la situación actual, explicar las consecuencias que para las empresas valencianas tendría la aplicación de la nueva Ley del Juego y plantear alternativas. Los datos, que sitúan el juego problemático en apenas un 0,3% de la población, no justifican una regulación tan restrictiva, que lejos de solucionar el problema provocaría una alarma social injustificada. El nuevo marco beneficia exclusivamente al juego online y al juego público, y podría incrementar el juego ilegal o clandestino.
