La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) espera que la administración tenga en cuenta «la especial situación» de la Comunitat Valenciana, donde por motivos de salud pública se han aplazado las Fallas y la Magdalena, y establezca medidas concretas para compensar a los sectores más afectados.
La decisión adoptada respecto a estas fiestas se traducirá en «numerosas pérdidas» para el turismo, la hostelería y el comercio, que se sumarán a otros sectores que han sufrido o están sufriendo las consecuencias de la crisis del coronavirus, según ha indicado en un comunicado.
Por este motivo la CEV, aunque conforme con la decisión adoptada por parte del Consell en coordinación con el Ministerio de Sanidad, espera que desde la Administración se tenga en cuenta la especial situación de la Comunitat Valenciana y que se establezcan medidas concretas para compensar a los sectores más afectados en nuestro territorio.
La CEV propone que además de las medidas anunciadas se incluyan las siguientes medidas de ámbito laboral, fiscal y económico para paliar el impacto del coronavirus:
Ámbito Laboral
1) Elaborar una guía interna de actuación empresarial frente al coronavirus que clarifique el procedimiento ante situaciones de trabajadores que presenten síntomas, estén en contacto con positivos o den positivo.
2) Clarificar procedimientos sanitarios y de Seguridad Social ante contingencias relacionadas con la enfermedad.
3) Elaborar planes de contingencia para empresas.
4) Facilitar con bonificaciones o eliminación de las cotizaciones de la Seguridad Social la contratación temporal para tratar de sustituir a las personas infectadas/aisladas.
5) Consideración de hora extraordinaria por fuerza mayor de las previstas en el art. 35.3 del Estatuto de los Trabajadores de todas aquellas actividades realizadas tanto en el centro de trabajo de origen como en el lineal para solucionar los problemas de desabastecimiento en el sector predominantemente alimentario.
6) Poner a disposición del sistema público de salud aquellos recursos humanos y materiales de las entidades colaboradoras del sistema público de salud y de las entidades privadas para la realización de pruebas diagnósticas gratuitas a aquellos trabajadores sobre los que exista sintomatología sospechosa de COVID-19.
Ámbito Fiscal
7) Supresión de todas las subidas fiscales anunciadas.
8) Seguridad Social: aplazamiento de los pagos sin recargos.
9) Impuesto sobre Sociedades: aplazamiento, reducción a empresas afectadas, o deducción específica de los gastos generados por el COVID-19.
10) Impuesto sobre Sociedades: ampliación del plazo (finalizó en febrero) para la opción de cálculo de pago fraccionado a cuenta del impuesto.
11) IRPF: aplazamiento sin recargo de las retenciones a cuenta.
12) IVA: aplazamiento sin recargo de los pagos.
13) IAE: aplazamiento de los pagos, bonificación.
14) IBI: aplazamiento del pago, reducción genérica o específica para sectores más afectados.
15) Terrazas (tasa utilización privativa ocupación vía pública): aplazamiento del pago, y reducción de la tasa para el sector hostelero.
16) Flexibilidad en obligaciones formales en presentación de trámites administrativos: prórroga de plazos.
Ámbito Económico
17) Facilitar líneas crédito/liquidez (con subvención de tipo de interés), ICO, IVF.
18) Aplazamiento sin penalización de los vencimientos con bancos o aplicación de carencias que se traspasarían al final de la vida del crédito/préstamo.
19) Líneas de subvención específicas para empresas afectadas.
20) Línea de ayudas a las empresas para el establecimiento de medidas técnicas que permitan el teletrabajo y las reuniones por videoconferencia.
21) Actualizar los pagos pendientes de las distintas administraciones públicas a las empresas.
Ámbito Sectorial
22) Protocolos de actuación que permitan a las empresas la continuidad de producción y servicios.
23) Apoyo institucional a la diversificación de mercados internacionales de origen y destino (importaciones y exportaciones), así como a los de nivel nacional.
24) Flexibilidad y ampliación de plazos en los trámites administrativos sin recargos.
25) No generar alarmismos que desestabilicen más la economía ni generen problemas de abastecimiento de productos para la sociedad.
Por último, a las empresas les inquieta la falta de información clara sobre cuáles son los criterios que aplicaría la administración sanitaria para tomar medidas extremas como ordenar el cierre de una instalación productiva. Para el presidente de la CEV, Salvador Navarro, “una clarificación en este aspecto es absolutamente necesaria”. Además, existe preocupación por los posibles incumplimientos de contratos y las consecuencias económicas que puede conllevar.
