En la imagen, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno.
- Una comisión de seguimiento estudiará a partir de la semana que viene si los expedientes de los sectores más afectados como el turismo o la automoción podrán prorrogarse más allá del 30 de junio.
El Gobierno ha aprobado este martes el real decreto-ley que servirá de base para acompasar los ERTE por fuerza mayor, en los que hay 3 millones de trabajadores, al proceso de desescalada en la pandemia del COVID-19 con una comisión encargada de seguir adaptándolos en los próximos meses.
Según ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la norma «da cuerpo» al acuerdo firmado ayer por el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar estos ERTE hasta el 30 de junio, adecuarlos a las empresas que reanuden su actividad y establecer una comisión de seguimiento, clave para seguir ajustándolos por sectores, fases o territorios.
La comisión -en el que participan los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT- arrancará previsiblemente la próxima semana con un tema crucial sobre la mesa: qué hacer más allá del 30 de junio con estos expedientes en los sectores más afectados, como el turismo o la automoción.
Ayer, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya avanzó que estos sectores podrían mantener las condiciones de fuerza mayor más allá de esa fecha pero pidió margen para los trabajos de la comisión.
El acuerdo sellado el pasado viernes, fruto de complejas negociaciones entre patronal, sindicatos y Gobierno, desliga los ERTE de fuerza mayor del estado de alarma con la misma exoneración de cuotas (del 100 % para las empresas más pequeñas y del 75 %, si la empresa tiene 50 empleados o más) si no se puede reanudar la actividad.
En el caso de los trabajadores, seguirán cobrando la prestación en las mismas condiciones.
También se crea una nueva categoría, el ERTE de fuerza mayor parcial que permite que las empresas puedan ir recuperando parte de su plantilla manteniendo a otra parte con el contrato suspendido.
Bajo esta figura hay exoneraciones de cuotas sociales tanto para los trabajadores que regresen como para aquellos que mantengan en suspenso.
En el caso de las empresas de menos de 50 empleados, las exoneraciones alcanzarán el 85 % en mayo y 70 % en junio para los empleados que se reincorporen, mientras que para los que continúen con su jornada suspendida el porcentaje será menor.
En las empresas de 50 trabajadores o más, la exoneración será del 60 % en mayo y del 45 % en junio para los que se reincorporen y menor para los que no.
«Se plantea como un beneficio para que las empresas puedan ir incorporando trabajadores», ha subrayado Montero que también ha recordado que el decreto recoge que no podrán beneficiarse de estos ERTE las compañías que tengan su domicilio en un paraíso fiscal y que, aquellas que repartan beneficios con cargo a este ejercicio, tendrían que devolver los importes de los que se han beneficiado.
También mantiene el compromiso de mantener el empleo para las empresas que se acojan a ellos aunque se añaden algunas excepciones y se flexibiliza para las empresas de los sectores más estacionales donde se valorará su cumplimiento.
Los seis meses de este compromiso, fija también el texto, comienzan desde la fecha de reanudación de la actividad, entendida como la incorporación al trabajo de personas afectadas por el expediente. Es decir, comienza a contar desde que vuelve al trabajo el primer empleado.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, puso ayer como ejemplo de responsabilidad el acuerdo logrado, al igual que el líder de UGT, Pepe Álvarez, que pidió un plan de empleo que incentive el consumo nacional.
Desde la patronal CEOE también señalaron en la necesidad abordar «a la mayor brevedad» su ampliación en los sectores que lo necesiten más allá del fin de junio.
