La Generalitat de Catalunya ha atendido las peticiones del sector turístico, representado por la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas, ACAVe, presidida por Martí Sarrate, y ha eliminado del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Financieras, Administrativas y del Sector público para el año 2020 la modificación de la Ley de Turismo de Cataluña, que modificaba el status actual de las agencias de viajes.
Este proyecto de ley contemplaba la exclusión de la normativa turística catalana de las agencias de viajes, las cuales perdían su condición de empresas turísticas y dejarían de estar inscritas en el Registro de Turismo de Cataluña. A día de hoy, este Registro facilita que los consumidores puedan comprobar si las empresas que organizan y/o comercializan viajes combinados o servicios de viaje vinculados disponen de las garantías establecidas en la legislación europea.
ACAVe presentó un pliego de alegaciones ante el Proyecto de Medidas Fiscales, Administrativas, Financieras y del Sector Público para el año 2020 que contemplaba en su artículo 135.2 la modificación del artículo 33 de la Ley 13/2002, de 21 de julio, de Turismo de Cataluña, y que establecía la restricción de la consideración de “empresas turísticas” exclusivamente a las empresas que hacen mediación en alojamientos turísticos. Además, el Proyecto de ley preveía también en su artículo 135.4 la modificación del artículo 53 de la ley 13/2002 de Turismo de Cataluña eliminando la definición de “agente de viajes”. Por último el artículo 135.5 del mismo Proyecto de Ley instruía la modificación del artículo 73.3 de la actual Ley de Turismo, a fin de que les agencias de viajes dejasen de estar inscritas en el Registro de Turismo de Cataluña.
ACAVe anunció ayer en un comunicado que «se congratula que el Gobierno de la Generalitat haya atendido las peticiones del sector y haya retrocedido la modificación propuesta, manteniendo la condición de empresa turística de las agencias de viajes y su inscripción en el Registro de Turismo de Cataluña y por ende la seguridad jurídica tanto para los consumidores y las agencias de viajes».
