ACAVE y ECTAA coordinan con un equipo de eurodiputados las próximas acciones en el proceso de investigación del RD 933 en la Comisión Europea y el Parlamento europeo
Eric Dresin, secretario general de ECTAA (patronal europea de las agencias de viajes), Benoît Chantoin, director legal de ECTAA, Catiana Tur, gerente de ACAVE (representante del sector español en este organismo) y Mercè Escofet, asesora jurídica de ACAVe y adjunta a dirección, se han reunido esta mañana en Bruselas con Borja Giménez Larraz y Elena Nevado del Campo, eurodiputados del Grupo Popular Europeo para aunar acciones en el proceso de investigación sobre la legalidad del Real Decreto 933/2021 abierto recientemente por la Comisión Europea. Las dos asociaciones tienen previstas nuevas reuniones con otros grupos del Parlamento Europeo en esta labor de lobby frente a la normativa.
Una de las primeras acciones acordadas ha sido el envío al comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, de un escrito detallando las graves vulneraciones de la normativa europea de protección de datos detectadas por las agencias de viajes y que
el año pasado ya se elevaron ante la Agencia Española de Protección de Datos y que todavía no ha recibido respuesta. El principal argumento de ACAVE y ECTAA para rechazar su legalidad es que el RD excede en mucho el principio básico de solicitar los datos personales estrictamente necesarios (en este sentido cabe recordar que entre otros se está obligando a las agencias a recabar datos sobre medios de pago de los clientes).
También se destaca en el escrito el factor de la seguridad: las agencias de viajes cuestionan la operativa actual de recepción y transmisión de datos a las plataformas establecidas tanto para el conjunto de España y la solidez de sus defensas frente a posibles hackeos.
Esta reunión se produce en un momento crucial, en el que la Comisión Europea ha anunciado que está investigando el Real Decreto a la luz de la normativa europea de protección de datos.
Asimismo, en la reunión se han tratado otros aspectos destacados, como son la incidencia que el Real Decreto tiene en la competitividad de las agencias de viajes y tour operadores y su afectación en España como destino turístico.
Riesgos para los viajeros
Para las asociaciones es clave concienciar a la opinión pública y a los viajeros respecto a la gravedad de esta normativa, ya que resultarán los grandes perjudicados de la puesta en marcha de la normativa, pues las agencias de viajes, alojamientos turísticos y empresas de alquiler de vehículos habrán de confiar al Ministerio del Interior más de 40 datos para reservas de alojamiento y más de 60 para las de alquiler de vehículos, siendo muchos de ellos datos personales de carácter sensible.
Esta norma fue desarrollada por el Ministerio del Interior con un objetivo de seguridad y para dotar a los cuerpos policiales de más información sobre los viajeros que llegan y transitan por España. No obstante, el alcance de los datos solicitados es excesivo y podría vulnerar la normativa de protección de datos.