- El colectivo insiste en que las ayudas continúan siendo insuficientes y pide a la oposición compromiso y apoyo para abordar un plan de protección del sector de cara a la “desescalada”.
Representantes de las diferentes asociaciones que integran la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunitat Valenciana han mostrado su preocupación, durante la reunión mantenida con el Partido Popular de la Comunitat Valenciana, por las múltiples trabas que se están encontrando las pymes con las ayudas aprobadas por el Consell, y la necesidad de que, en estos momentos, «desde las administraciones públicas, gobernadas por el partido que sea, apoyen las reivindicaciones del sector y no caigan en saco roto», señalan en un comunicado.
Durante el encuentro con la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, el portavoz de Industria del Grupo Popular en Les Corts, Felipe Carrasco, la portavoz del del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, y la concejala del Grupo Municipal Popular, Paula Llobet, la Coordinadora ha manifestado que las ayudas «siguen siendo insuficientes, no reflejan la realidad y el drama que viven las empresas y familias que viven del sector, además de que mantienen la letra pequeña que deja fuera a muchas pymes que han sido muy duramente golpeadas por la pandemia, en gran parte ante el retraso con el que han actuado las administraciones».
Por ello, y tras poner sobre la mesa sus reivindicaciones y escuchar las propuestas del PP, tanto el presidente de la Coordinadora, Lalo Díez, como la vicepresidenta, Gemma Piqué, han insistido en la necesidad de que desde todas las administraciones públicas, la central, la autonómica como las locales, con independencia de su color político, «se tenga una hoja de ruta clara» que no deje atrás a ninguna pyme, porque cada día que pasa es crucial. “Se cierran empresas y detrás de esas empresas se quedan familias con deudas. Hay que garantizar la supervivencia de las empresas de la hostelería y el ocio y que tener un plan de choque tanto a corto como medio y largo plazo”.
En este sentido, y al respecto, han explicado que la máxima prioridad es que el sector sea recompensado económicamente con ayudas reales y no “irrisorias”, pero que hay que mirar también hacia el futuro y prepararse para la “desescalada” y la “vuelta a la normalidad” de un sector muy tocado y castigado, para que, aparte de las restricciones impuestas por Sanidad, éste no tenga que volver a cargar con las trabas impuestas por los propios ayuntamientos. “La amenaza de las ZAS en un momento en el que el ruido no puede ser una prioridad para las ciudades, la lentitud de la burocracia o la interpretación restrictiva de la norma que cada vez limita más las terrazas, tienen que quedar al margen, porque ahora hay que salvar el mayor número posible de empresas y puestos de trabajo desde el norte de Castellón al sur de Alicante”.
