Asociaciones reclaman ayudas directas que no castigue a autónomos y empresas responsables

MANIFIESTO POR UNA DISTRIBUCIÓN DE AYUDAS DIRECTAS QUE NO CASTIGUE A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS RESPONSABLES Y SEA UNA AYUDA REAL Y NO SOLO REDUCCIÓN DE RIESGO DEL ICO Y DE LA BANCA

Las 20 asociaciones firmantes, denuncian la restrictiva interpretación que el Ministerio de Hacienda está aplicando para la distribución de los 7.000 millones de ayudas directas del Gobierno de España a través de las Comunidades Autónomas en aplicación del RD Ley 5/2021 y que, de hecho, impide el acceso a ellas a los autónomos y empresas que han venido cumpliendo sus obligaciones con sus proveedores y, en su caso, empleados, para los que, como mucho, les permite obtenerlas solo para reducir créditos básicamente con entidades financieras con lo que, las tan anunciadas ayudas directas a las empresas y autónomos, se convierten en ayudas para reducir los riesgos de la Banca y del ICO y para que sean efectivamente ayudas directas, la condición es que las empresas o autónomos hayan incumplido la legislación sobre plazos de pago, es decir la interpretación del Ministerio premia a los morosos incumplidores frente a los que han asumido sus responsabilidades o simplemente es una ayuda al ICO y Banca para reducir sus riesgos.

Para que las ayudas directas, de las que después de más de tres meses de su anuncio aún no ha llegado ni un euro a los destinatarios, autónomos y empresas de los sectores más afectados por la pandemia, sean reales y efectivas, es fundamental que el Ministerio de Hacienda modifique urgentemente las instrucciones enviadas a las Comunidades Autónomas que permite la justificación de las ayudas solo con facturas pendientes de pago, pero no con facturas abonadas durante el periodo de pandemia, con lo que todos aquellos autónomos y empresas que han venido cumpliendo sus obligaciones con proveedores y empleados no pueden acceder a esas ayudas, interpretación que las Asociaciones firmantes además de injusta, por premiar el incumplimiento de la ley anti morosidad, creemos no ajustada a la legalidad del RD Ley 5/2021, y que con ella se convierte en una ayuda para reducir el riesgo del ICO y la Banca, pero no es la ayuda directa a autónomos y empresas solicitada y anunciada.

Las Asociaciones firmantes, quieren hacer saber que esa interpretación es un agravio comparativo inexplicable contra quienes más han hecho por mantener la actividad de sus empresas, incluyendo autónomos que directamente han dejado de percibir su remuneración de la empresa para poder hacer frente a pagos a terceros, o empresas que han utilizado todos sus fondos propios para resistir y hacer frente a sus pagos de forma responsable.

Además, es inadmisible que desde la propia Administración se castigue comparativamente a aquellos que han cumplido escrupulosamente con la Ley de morosidad y con la propia responsabilidad y ética empresarial que obliga a intentar cumplir con los pagos comprometidos en plazo, es decir, comparativamente premia, a igualdad de circunstancias, a quien menos riesgos y compromisos empresariales ha asumido incluso incumpliendo la legalidad.
¿Qué autónomo o empresa puede permitirse estar 16 meses sin pagar sus facturas y seguir con su actividad? La, a nuestro juicio, restrictiva interpretación de Hacienda, resulta indignante e incluso insultante, por lo que tiene de penalización respecto a los incumplidores para todos aquellos que han comprometido su patrimonio personal o de la empresa para hacer frente a sus obligaciones no recurriendo a endeudarse, incluso porque ni siquiera han podido tener acceso al endeudamiento.

Las Asociaciones firmantes consideran que se pierde completamente el sentido de estas ayudas directas solicitadas desde el inicio de la pandemia pues, con la interpretación de Hacienda, no van a contribuir a ayudar a la sostenibilidad de empresas y autónomos que están pasando momentos críticos y sí solo a apoyar al ICO y a la Banca reduciendo su riesgo y, en su caso, a autónomos y empresas en complicada situación de viabilidad por serio incumplimiento de la legalidad en lo referente a los plazos de pago.

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