«No es verdad que el TS haya dado la razón al Ayuntamiento. No se trata de una Sentencia sino de una Providencia de inadmisión a trámite del recurso de casación. Actualmente, hay pendiente una resolución del TSJ en relación con un recurso del Ayuntamiento». Con esta contundencia ha valorado AVAEC, la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de Valencia, las últimas declaraciones de Sandra Gómez, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Valencia, que aseguraba este viernes que una sentencia del Supremo sobre el cierre de cinco apartamentos turísticos estableciera que el Ayuntamiento de València «tendrá la potestad» para controlar y regular cualquier tipo de apartamento turístico que esté dentro de la ciudad y no cumpla con las normas urbanísticas del consistorio.
Según Avaec, el Supremo no se ha pronunciado sobre el objeto del proceso, ya que se trata de in auto de inadmisión a trámite del recurso de casación.
La asociación ha indicado que en la actualidad se encuentra pendiente la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre un recurso de apelación formulado por el Ayuntamiento de València en el que se dilucidan cuestiones adicionales a las que se ventilaron en aquel procedimiento.
En su opinión, la regulación que el Ayuntamiento plantea -consideración como uso terciario y limitaciones en cuanto a ubicación en primera planta o planta baja y acceso independiente- abocaría al cierre de la práctica totalidad de las viviendas de usos turísticos (VUT).
Este cese de actividad, recalcan las mismas fuentes, «tiene graves repercusiones tanto sobre los propietarios particulares como sobre los gestores de VUT, que, cumpliendo la legislación vigente en el momento de su puesta en marcha, se lanzaron a hacer una importante inversión para adecuar sus inmuebles a estos fines».
Subrayan también que la mayoría de los propietarios que alquilan de este modo sus viviendas decidieron hacerlo en un escenario de crisis, tras la pérdida de su empleo, como fuente de ingresos esencial (que les permite hacer frente a sus gastos ordinarios y, en muchos casos, al pago de una hipoteca) o como un plan de jubilación, sin el que se quedarían si tuvieran que cesar su actividad.
Afirman también que los gestores de VUT crean empleo y si tuvieran que cesar su actividad se destruirían alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos en la ciudad, sin tener en cuenta la repercusión indirecta, puesto que se dejaría de contratar a profesionales externos para reformar los pisos (albañiles, electricistas, fontaneros, fumigadores…) y de utilizar servicios de empresas como las de limpieza y lavandería.
Según datos del INE, en 2018, un total 228.444 viajeros decidieron alojarse en una VUT en nuestra ciudad y generaron 768.251 pernoctaciones, han indicado las fuentes.
Con la nueva regulación que se plantea, que supondría el cese de actividad de alrededor del 90% de las VUT, València perdería alrededor de 200.000 viajeros y cerca de 550 millones de ingresos en la ciudad, según Avaec.
