- AVAEC denuncia la actuación policial en las inspecciones a viviendas turísticas por causar inquietud en quienes vienen a visitarnos y atentar contra la hospitalidad
- La Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas critica la persecución del sector iniciada por Sandra Gómez, propia de la Gestapo, cuando se puede recurrir a otros medios y tratar directamente con los propietarios y gestores de VUT
La Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunitat Valenciana (AVAEC) denuncia la intervención policial en las inspecciones a las viviendas de uso turístico (VUT) y labores de notificación, en la propia vivienda -a instancias de la Concejala Delegada de Planificación y Gestión Urbana del Ayuntamiento de València, Sandra Gómez- que se está convirtiendo en habitual en los últimos meses.
AVAEC considera que la presencia de policías uniformados y armados con pistolas en las VUT genera inquietud e intimida a quienes nos visitan y ofrece una imagen de la ciudad de estado policial, al tiempo que atenta contra la hospitalidad que inspira y da nombre a la Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana.
Según esta asociación, el que se personen policías de este modo en las VUT donde se encuentran alojados turistas, ofrece una imagen propia de la Gestapo que no es nada deseable, además de ser innecesario y desproporcionado, cuando lo que se pretende es ofrecer a los huéspedes un trato personalizado y exquisito.
En este sentido, señala que existen otros medios para realizar las acciones de inspección o notificación, a través de funcionarios, y que deben ser dirigidas, en todo caso, frente a quienes son los propietarios y gestores de este tipo de alojamientos. Se trata, además, de actuaciones que se producen sin tan siquiera haberse iniciado un procedimiento, por lo que tienen una clara finalidad intimidatoria.
Asimismo, AVAEC critica que, una vez más, Sandra Gómez actúe frente a las VUT de forma desmesurada y desproporcionada e invierta numerosos recursos públicos para perseguir al sector mientras evita inspeccionar las actividades delictivas que se realizan en viviendas y locales a lo largo y ancho de la ciudad donde se ejerce la prostitución, sobre las que la administración municipal permanece con los brazos cruzados, a pesar de ser plenamente conocedora de su existencia y localización, obviando las peticiones ciudadanas.
