El President ha explicado que este acuerdo normativo se ha elaborado con el sector, sindicatos, asociaciones de consumidores, operadores, plataformas de reservas y 71 municipios turísticos para “encontrar el equilibrio necesario en beneficio de todos para una actividad que forma parte de nuestra oferta turística”.
De este modo, Mazón aseguró que “con este marco legal se aporta seguridad y certeza, y avanzamos en nuestro modelo de turismo sostenible que no renuncia a nada ni condena a nadie”.
Asimismo, ha reiterado su compromiso con el sector para que “nuestro turismo siga siendo el mejor en oferta, sostenibilidad medioambiental, impacto económico y social”. Así, ha recordado que la industria turística supone casi el 16% del PIB y el empleo en la Comunitat Valenciana, y contribuye con el 12% al total del sector en España.
Un marco de seguridad jurídica que da paso al papel de los Ayuntamientos.
Así, el Decreto Ley que regulará las viviendas de uso turístico recoge entre sus puntos el respeto a la autonomía municipal para limitar el uso de viviendas como alojamientos turísticos y otorga la posibilidad de que sean los ayuntamientos los que asuman las competencias de sanción y recaudación previstas. Es el momento de que los Ayuntamientos se adhieran y realicen la petición para asumir estas competencias, de las que dispondrán de un fondo de compensación para asignar a efectivos policiales para ello
También contemplará la renovación de las declaraciones responsables cada cinco años y establecerá la titularidad personal de las licencias para evitar la especulación. Asimismo, incrementará las sanciones para quien falte a la verdad en la declaración responsable.
El marco normativo fijará que serán los propietarios de las viviendas los responsables subsidiarios de las posibles infracciones ya que ahora sólo son responsables quienes comercializan los alojamientos, y establecerá unos parámetros de calidad que obligará a que las viviendas cumplan con la normativa de habitabilidad.
Además, mejorará los servicios de inspección mediante el uso de inteligencia artificial para detectar apartamentos ilegales y se llevará a cabo campañas de sensibilización para que los propietarios inscriban las propiedades en el Registro. También profundizará en la colaboración público-privada con plataformas de reservas en coordinación con los ayuntamientos, la Policía de la Generalitat y los Cuerpos de Policía Local para detectar las viviendas irregulares.
Un decreto consensuado para el beneficio de todos, pero que deja todavía mucho trabajo por delante.
Fede Fuster destacaba el compromiso de Turisme Comunitat Valenciana para que todos tuviesen voz en este nuevo decreto: «Todos los actores del sector hemos formado parte del desarrollo, sacrificando un poco nuestras posturas con el fin de llegar a un consenso. Ha habido cooperación en todo momento y eso ha dado lugar a un documento coherente y muy alineado».
La clave una vez aprobado, y publicado será el papel que los ayuntamientos tengan a la hora de ordenar su planificación urbanística. Es momento de adoptar decisiones sobre las limitaciones en la disposición de viviendas de uso turístico. Estas limitaciones deberán responder a límites claros, objetivos e informados previamente, y establecerán donde y cómo puede haber viviendas de uso turístico.
Algo muy importante para HOSBEC, en palabras de su secretaria general, Mayte García, es que se ha dado un paso inicial para equiparar las condiciones y requisitos a cumplir por las viviendas de uso turístico a las que el resto de sectores de alojamiento reglado están sometidos, pero «Aún quedan muchos aspectos que incluir en la regulación para que pueda considerarse un sector de alojamiento turístico profesional en los mismos términos que un hotel. En este sentido todavía no hemos visto ningún aspecto que tenga en cuenta la inclusión y accesibilidad universal, ni tampoco que contemple aspectos de garantía en los derechos de propiedad intelectual. Nos preocupa que se sigan produciendo incumplimientos en materia de control e identificación de viajeros, y en aspectos fiscales e impositivos como actividad económica. También en materia contra incendios y de seguridad frente a riesgos higiénicos sanitarios entendemos que hay un largo recorrido por hacer en las viviendas de uso turístico.
