En su encuentro, los representantes de estas asociaciones reiteraron a los ‘populares’ sus demandas, que pasan primeramente por la exclusión de las agencias de viajes de la aplicación de la norma, algo que no contempla la Proposición no de Ley que llevará a la Comisión de Industria y Turismo.
También recordaron el impacto que puede tener entre la ciudadanía la ‘recolección’ de los datos que se piden, no ya sólo por su abultado número, sino también por su contenido sensible en muchos casos.
Tras escuchar sus demandas, la portavoz del Grupo Popular en la citada Comisión, Miriam Guardiola, adelantó la iniciativa que presentará este Grupo solicitando únicamente su revisión y readecuación, algo que estas entidades consideran insuficiente para salvaguardar los intereses de las agencias de viajes.
Catiana Tur (ACAVe), Manuel Panadero (FETAVE) y María Dolores Serrano (UNAV) mantuvieron el pasado día 17 una reunión de trabajo con miembros del Grupo Popular (GP) en el Congreso de los Diputados, encabezado por la diputada Mirian Guardiola, portavoz de la Comisión de Industria y Turismo, para tratar asuntos relativos al RD 933/2021. Las tres asociaciones coinciden en calificar de importante éxito el resultado de esta reunión y la implicación del Partido Popular en esta causa. No obstante, consideran que todavía queda camino por recorrer dado que la Proposición no de Ley anunciada por el PP no resuelve el punto clave de las demandas del sector: la exclusión de las agencias de viajes de la aplicación de la norma.
Claves del encuentro
En esta reunión, encuadrada dentro de la campaña de información que ACAVE, FETAVE y UNAV están llevando a cabo para movilizar a la opinión pública sobre el impacto del 933, los representantes de estas asociaciones reiteraron sus demandas, que pasan primeramente por la exclusión de las agencias de viajes de la aplicación de la norma, algo que no contempla la Proposición no de Ley que llevará a la Comisión de Industria y Turismo, según adelantaron los populares en esa reunión.
Al hilo de este asunto, los asociados expusieron el trabajo llevado a cabo para que las agencias pudieran ser excluidas de su aplicación, una tarea que ha concentrado la línea de actuación de estas entidades en los últimos meses.
En este sentido, ACAVE, FETAVE y UNAV expresaron la necesidad de concienciar a la opinión pública y a los viajeros respecto a la gravedad de esta normativa, ya que resultarán los grandes perjudicados de la puesta en marcha de la disposición, pues habrán de confiar más de 50 datos personales para reservas de alojamiento y más de 60 para las de alquiler de vehículos.
De este modo, recordaron el impacto que puede tener entre la ciudadanía la ‘recolección’ de los datos que se piden, no ya sólo por su abultado número, sino también por su contenido sensible en muchos casos, datos que además quedarán expuestos a posibles brechas de seguridad y a posibles ciberataques.
Además de ofrecer a través de la red información financiera de uso privado (medio de pago utilizado, número de tarjeta de crédito, fecha de caducidad, número de cuenta bancaria…), incidieron en que su entrada en vigor obligaría a proporcionar información que afecta a la esfera de la privacidad de las personas, como tener que decir la relación con los/las acompañantes o que se tengan que dar información con meses de antelación de cuándo se emprenderá ese viaje, con el peligro que eso supone, tal y como suele advertir el propio Ministerio del Interior.
Tras escuchar sus demandas, solidarizarse con buena parte de las reivindicaciones sectoriales, y denunciar la “insensibilidad sistemática” del Gobierno sobre los efectos “perniciosos” del RD, la portavoz del Grupo Popular en la citada Comisión, Miriam Guardiola, adelantó a los portavoces asociativos el contenido de la iniciativa que presentará este Grupo solicitando su revisión y readecuación, algo que estas entidades consideran necesario como primer paso para conseguir el objetivo final, que es la exclusión de las agencias de viajes del ámbito de aplicación de la normativa.
Una norma con “graves inconvenientes” para el conjunto del sector turístico
En la conversación mantenida, la diputada Guardiola anunció a los representantes de ACAVE, FETAVE y UNAV la presentación mañana martes de una Proposición no de Ley (PnL) ante la Comisión de Industria y Turismo para la revisión y readecuación del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre.
Los populares explicaron a estos representantes que entienden que la posible entrada en vigor de esa norma supone “graves inconvenientes” para el conjunto del sector turístico, ya que su cumplimiento, en los términos en los que está establecido, es “inviable” y sitúa al principal sector productivo de la economía española “en una gran desventaja competitiva”.
Entre otras, la PnL de este grupo cita la imposibilidad técnica de recabar la información requerida por falta de recursos (“no hay que olvidar que las empresas turísticas españolas están inmensamente constituida por pymes y micropymes”, recuerda su escrito), el posible incumplimiento de las normativas europeas de protección de datos y servicios de pago (“que puede generar un impacto en la competitividad del turismo en España”), sin olvidar —dice el texto— las deficiencias técnicas suscitadas con la infraestructura tecnológica a través de la
cual debe gestionarse la operativa de comunicación de datos. A estos factores los populares suman la “inflexibilidad” y el “excesivo unilaterarismo” con una industria que emplea a prácticamente a 3 millones de afiliados en nuestro país.
Revisión “en profundidad y proporcionada” del RD 933/2021
En su propuesta, el Grupo Popular insta a llevar a cabo diversas medidas, entre las que solicita, en primer término, la prolongación de la suspensión de la aplicación del RD 933/2021, hasta que se aborde una revisión y readecuación “en profundidad y proporcionada” de esta normativa. Readecuacion que habría de hacerse, dice el escrito, “en compañía de los subsectores turísticos más afectados por la misma”.
En este mismo sentido, la PnL reclama que la elaboración de ese desarrollo normativo tenga en cuenta los acuerdos ya adoptados con los sujetos obligados durante el procedimiento de implantación, desde 2021 a la actualidad. El GP hace mención expresa aquí a la exclusión de los viajes corporativos, el turismo de eventos (MICE) y los grupos, para los cuales el cumplimiento resulta inviable.
Los populares piden también revisar las obligaciones de recolección de datos financieros exigidos por el Real Decreto, para asegurar su compatibilidad con las normativas de protección de datos europeas, como la Directiva PSD2 y el Reglamento (UE) 2018/389, que limitan el acceso a datos encriptados y protegen la privacidad del cliente.
En esta línea, urge al Gobierno a abrir un nuevo proceso de diálogo con los actores del sector turístico, incluyendo entre otras asociaciones a ACAVE, FETAVE y UNAV, “para consensuar el desarrollo normativo mediante orden ministerial y conseguir una mayor eficacia en su entrada en vigor mediante su adaptación a las realidades operativas del sector”. Proceso durante el cual el régimen sancionador no debería tener efecto, “hasta no alcanzar el consenso”, puntualiza el texto.
