Carlos Mazón destaca “el diálogo y el consenso” con todos los actores implicados para ordenar “con rigor, equilibrio y seguridad” las viviendas turísticas

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que “el dialogo y el consenso alcanzado con todos los actores para ordenar, aportar rigor y dar seguridad a la gestión adecuada del mercado de las viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana”.

El jefe del Consell ha asistido a la presentación del nuevo Decreto Ley que regulará las viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana, en un acto donde han asistido la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes.

El president ha explicado que este acuerdo normativo se ha elaborado con el sector, sindicatos, asociaciones de consumidores, operadores, plataformas de reservas y 71 municipios turísticos para “encontrar el equilibrio necesario en beneficio de todos para una actividad que forma parte de nuestra oferta turística”.

De este modo, Mazón ha asegurado que “con este marco legal aportamos seguridad y certeza, y avanzamos en nuestro modelo de turismo sostenible que no renuncia a nada ni condena a nadie”.

El jefe del Consell ha señalado que con la regulación de las viviendas de uso turístico completamos un modelo turístico abierto a todos que “combina ofertas para todos los gustos y bolsillos porque todos tenemos un turista dentro ya que viajar nos hace más felices, libres y mejores”.

Asimismo, ha reiterado su compromiso con el sector para que “nuestro turismo siga siendo el mejor en oferta, sostenibilidad medioambiental, impacto económico y social”. Así, ha recordado que la industria turística supone casi el 16% del PIB y el empleo en la Comunitat Valenciana, y contribuye con el 12% al total del sector en España.

Orden y sensatez

Para el President, este decreto “pone orden, sensatez, diálogo y verdad a un sector estratégico para la Comunitat Valenciana frente a los últimos ocho años de desorden, ocurrencias e imposiciones, al tiempo que se pone fin a la irresponsabilidad e inseguridad de las dos últimas legislaturas”.

En este sentido, ha recordado que “mientras una parte del anterior Consell fomentaba la turismofobia y ponía palos en las ruedas del sector, otra permitía que el número de viviendas turísticas aumentara, sin orden, en un 160%”. Al respeto, ha señalado que “ese crecimiento desordenado genera efectos nocivos” y ha asegurado que con este decreto “llegamos a tiempo para evitar que las disfunciones sociales y de convivencia se conviertan en problemas graves”.

En esta línea, ha apuntado que el incremento desordenado de apartamentos turísticos afecta a todas las autonomías por lo que ha reclamado al Gobierno central que convoque la conferencia sectorial de turismo. Para Mazón, hay que “buscar una respuesta unitaria y una estrategia común que recoja lo que estable la normativa europea y que permita luchar contra la oferta irregular”.

Asimismo, ha incidido que “es injusto que se achaquen a los pisos turísticos todos los males cuando, en realidad, suponen solo el 1,8% del parque inmobiliario mientras que la vivienda vacía supera el 14%”.

Un decreto consensuado

Así, el Decreto Ley que regulará las viviendas de uso turístico recoge entre sus puntos el respeto a la autonomía municipal para limitar el uso de viviendas como alojamientos turísticos y otorga la posibilidad de que sean los ayuntamientos los que asuman las competencias de sanción y recaudación previstas.

También contemplará la renovación de las declaraciones responsables cada cinco años y establecerá la titularidad personal de las licencias para evitar la especulación. Asimismo, incrementará las sanciones para quien falte a la verdad en la declaración responsable.

El marco normativo fijará que serán los propietarios de las viviendas los responsables subsidiarios de las posibles infracciones ya que ahora sólo son responsables quienes comercializan los alojamientos, y establecerá unos parámetros de calidad que obligará a que las viviendas cumplan con la normativa de habitabilidad.

Además, mejorará los servicios de inspección mediante el uso de inteligencia artificial para detectar apartamentos ilegales y se llevará a cabo campañas de sensibilización para que los propietarios inscriban las propiedades en el Registro. También profundizará en la colaboración público-privada con plataformas de reservas en coordinación con los ayuntamientos, la Policía de la Generalitat y los Cuerpos de Policía Local para detectar las viviendas irregulares.

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