Las organizaciones de personas mayores que confluyen en la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) para facilitar la interlocución social y el diálogo civil, y que representam a más de 15.000 asociaciones que reúnen a más de 5.750.000 socios, vienen defendiendo desde hace tiempo la necesidad de un cambio en el modelo de cuidados, tanto a nivel de domicilio como de residencias, que respete y garantice los derechos de las personas mayores, y, en especial, los derechos a una vida y un trato digno cuando necesitamos cuidados y apoyos.
Son muchos los ejemplos y los casos que demuestran cómo se vulneran de manera cotidiana los derechos de las personas mayores en situación de fragilidad, soledad o dependencia, y la pandemia de la COVID-19 no ha hecho sino poner de manifiesto ante toda la sociedad esta grave situación, especialmente en los ámbitos residenciales.
Tal y como han denunciado muchas de las organizaciones representadas por la PMP en cuantos informes han presentado en los últimos dos años, las personas mayores no solo han sido las principales víctimas mortales de la pandemia (más del 50%), sino que han visto vulnerados sus derechos humanos en diferentes facetas. Así lo muestra la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el informe presentado al Consejo con motivo del 49 periodo de sesiones celebrado el pasado mes de abril y titulado, “Criterios normativos y obligaciones en virtud del derecho internacional respecto a la promoción y la protección de los derechos humanos de las personas de edad”.
Por este motivo la PMP ha hecho pública una carta abierta dirigida a la presidencia del Gobierno de España y de las diferentes comunidades autónomas que reproducimos a continuación:
CARTA ABIERTA DE LA PLATAFORMA DE MAYORES Y PENSIONISTAS (PMP) DIRIGIDA A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, A LA MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2020-2030 Y A LOS PRESIDENTES Y CONSEJERAS/OS DE POLITICAS SOCIALES / BIENESTAR SOCIAL DE TODAS LAS CC.AA.
Madrid, 15 de junio de 2022
Las organizaciones de personas mayores que confluimos en la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) para facilitar la interlocución social y el diálogo civil, y que representamos a más de 15.000 asociaciones que reúnen a más de 5.750.000 socios, venimos defendiendo desde hace tiempo la necesidad de un cambio en el modelo de cuidados, tanto a nivel de domicilio como de residencias, que respete y garantice los derechos de las personas mayores, y, en especial, nuestros derechos a una vida y un trato digno cuando necesitamos cuidados y apoyos.
Son muchos los ejemplos y los casos que demuestran cómo se vulneran de manera cotidiana los derechos de las personas mayores en situación de fragilidad, soledad o dependencia, y la pandemia de la COVID-19 no ha hecho sino poner de manifiesto ante toda la sociedad esta grave situación, especialmente en los ámbitos residenciales.
Tal y como hemos denunciado muchas de las organizaciones representadas por la PMP en cuantos informes hemos presentado en los últimos dos años, las personas mayores no solo han sido las principales víctimas mortales de la pandemia (más del 50%), sino que hemos visto vulnerados nuestros derechos humanos en diferentes facetas. Así lo muestra la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el informe presentado al Consejo con motivo del 49 periodo de sesiones celebrado el pasado mes de abril y titulado, “Criterios normativos y obligaciones en virtud del derecho internacional respecto a la promoción y la protección de los derechos humanos de las personas de edad”.
Desde el movimiento social de las personas mayores venimos reclamando a las Administraciones Públicas y al resto del sector de los cuidados actuaciones claras que transiten hacia un nuevo modelo de cuidados, centrado en el respeto y garantía de los derechos y dignidad de las personas mayores y hemos reclamado, entre otras cosas, un nuevo sistema de acreditación y calidad en todos los servicios de atención, en especial de las residencias, que garantice los principios que se vienen exigiendo por todas las instancias internacionales y por todas nuestras organizaciones.
Por ello, vivimos con preocupación que se ponga en cuestión o se dilate el tan necesario Acuerdo en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema de Autonomía y Dependencia entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Les pedimos que piensen en los mayores y en sus familias y que se apruebe un nuevo modelo de cuidados que apueste por la atención en el domicilio (lugar en el que los mayores quieren envejecer y morir) y por una transformación hacia el modelo hogar de las residencias, garantizándose en ambos casos unos cuidados de calidad y el apoyo que precisen las personas mayores para seguir adelante con su propio proyecto de vida, de manera que se superen los enormes déficits que existen en ambos ámbitos.
Las organizaciones agrupadas en la PMP hemos denunciado en reiterados manifiestos y declaraciones públicas que NUNCA MÁS se pueden volver a repetir las dolorosas y graves situaciones de violación de derechos, que se han recrudecido durante la pandemia, especialmente entre aquellas personas que viven una situación de dependencia, y que hay que evitar en el futuro que se reproduzcan comportamientos gerontofóbicos.
Por eso, con motivo del 15 de junio, Dia Mundial de Toma de Conciencia del abuso y el maltrato en la vejez, le pedimos que, desde todas las Administraciones Públicas (AGE y CCAA) se produzca un posicionamiento claro de caminar juntas y en la misma dirección a favor de un nuevo modelo de atención a las personas mayores, basado en el respeto y garantía de sus derechos y de su participación en la organización de los servicios, superando las enormes deficiencias actuales. Ha llegado el momento de que se deje de mirar hacia otro lado y de poner los medios necesarios para asegurar el derecho a ser cuidado y a disfrutar de una vida digna durante la vejez.
Son muchos los recursos que se están recibiendo de manera excepcional con motivo de los fondos europeos Next generation y creemos que, además de los que ya se están invirtiendo en servicios sociales y en la generación de servicios innovadores de calidad para las personas mayores (componente 22), se precisa urgentemente incorporar mucha más financiación por parte de todas las Administraciones Públicas. España (cuarta economía de la UE) apenas dedica el 0,8% de su PIB para responder a estas necesidades frente al doble de países como Francia o Italia y los 3 puntos de PIB de los países nórdicos. Ello permitiría ampliar infraestructuras y dotarse del personal necesario que el nuevo modelo precisa, generando miles y miles de puestos de trabajo.
Por todo ello le pedimos:
1. Que en el seno de cada Comunidad Autónoma y de acuerdo con la Administración General del Estado se apueste con claridad por un cambio de modelo de cuidados integrales y centrados en las personas y en los derechos que todos tenemos a disfrutar de una vida digna con independencia de la edad y nuestra situación de salud.
2. Que se apoye un Acuerdo de Acreditación y Calidad en el marco del Consejo territorial de servicios sociales y del SAAD, en el que se apueste por un nuevo modelo, adecuadamente dotado, de atención en domicilios, comunidad y residencias, mediante el que se aseguren los mandatos de la LAPAD (las leyes han de cumplirse, todas las leyes) y los principios reconocidos internacionalmente para la promoción y garantía del disfrute de los derechos de las personas mayores.
3. Que se dediquen los recursos necesarios para garantizar, por parte del conjunto de las Administraciones Públicas, el derecho a ser cuidado y atendido dignamente en todas las etapas de nuestras vidas, considerando el ámbito de los cuidados como un bien público, tal como se propone por la OMS para el Decenio del Envejecimiento Saludable 2020/2030 en coincidencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
4. Que no se politice el proceso de consenso en un tema de tanta trascendencia como la de los cuidados de larga duración que es transversal y afecta a centenares de miles de familias que tienen en su seno personas con necesidad de cuidados, que genera miles y miles de puestos de trabajo y que facilita la integración de las mujeres en el mercado de trabajo. Sin duda, es un elemento esencial del proyecto de país que deseamos.
Atentamente,
Ángel Rodríguez Castedo,
Presidente de la PMP.
